ESG
La organización ecologista Greenpeace ha advertido este martes de que en los próximos diez años se empezarán a perder playas en Andalucía, con Almería, Málaga, Huelva y, especialmente, Cádiz como los lugares que sufrirán “retrocesos importantes” en la costa. En su informe “Crisis a toda costa”, Greenpeace menciona los excesos de urbanización e infraestructuras, contaminación, construcción de barreras artificiales (diques, espigones, paseos marítimos o puertos deportivos), y el encauzamiento o soterramiento de cauces fluviales entre las actuaciones que provocan “desequilibrios”, y se unen a otras debidas al cambio climático. La costa de Andalucía, que se extiende a lo largo de 910 kilómetros, “sigue prisionera del viejo y erróneo modelo basado en urbanizaciones turísticas, campos de golf y hoteles, ha denunciado. Almería, Málaga, Huelva y, especialmente, Cádiz sufrirán retrocesos importantes en la costa, según el informe. Que alude a una subida del mar de 45 centímetros prevista para 2090, lo que significa que “el mar habrá entrado unos 45 metros más”. Los peores proyectos En Cádiz, Greenpeace incluye entre los “peores proyectos” el restaurante en el Faro de Trafalgar, que “privatiza un espacio público único”. Además de los “planes urbanizadores” del Ayuntamiento de Tarifa, que “aumentarían en un 450 % el suelo urbanizable”. Además, en Málaga, menciona el proyecto del Hotel W de cinco estrellas en Marbella, “actualmente suspendido debido a las carencias de su documentación técnica”. También el proyecto Siete Revueltas Resort en una zona identificada como inundable. Y el proyecto El Lago Club en esta misma localidad, además de Valle Golf Resort en Mijas. En Almería, cita el hotel El Algarrobico en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, “tras casi dos décadas y casi 50 pronunciamientos judiciales que sentencian su ilegalidad”. También el hotel en la bahía de Los Genoveses, que supondrá “una presión sin precedentes en una de las playas mejor conservadas de Andalucía”. Y Macenas Mediterranean Resort en Mojácar. Puntos amenazados por la subida del mar La erosión y la subida del nivel del mar representan “graves amenazas” para el litoral andaluz. La zona más frágil es la costa de Doñana, que “ha retrocedido 80 metros ya y donde la erosión se está acelerando por el cambio climático”, señala el informe. En Málaga, el tramo entre el parador Málaga Golf y la barriada de Guadalmar está en situación de regresión grave. Especialmente en la zona de Arraijanal. En situación similar se encuentra un tramo de un kilómetro en la desembocadura del río Vélez en Vélez-Málaga. De esta manera, en el escenario actual de ritmo de subida del nivel del mar y contaminación, distintos tramos se verán afectados en 2030: Huelva: Ayamonte, Isla Cristina, Islantilla, El Rompido, Punta Umbría, Aljaraque, Corrales, Huelva, Moguer, San Juan del Puerto, Palos de la Frontera, Mazagón, Matalascañas, Doñana. Cádiz: Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Costa Ballena, Rota, El Puerto de Santa María, Cádiz, Puerto Real, San Fernando, Sancti Petri, Conil de la Frontera, El Palmar, Barbate, Zahara de los Atunes, Tarifa, Algeciras, Sotogrande. Además, recuerda que la agencia estadounidense NASA ha estimado que el Golfo de Cádiz será uno de los tramos más afectados por la subida del nivel del mar. Málaga: Estepona, Marbella, Fuengirola, Torrequebrada, Benalmádena, Caleta de Vélez, Nerja, Maro, Guadalmar y Vélez-Málaga. Asimismo, apunta que recientes investigaciones muestran que la actividad sísmica del mar de Alborán convierte a la costa malagueña en el punto del litoral español con más riesgo de sufrir un tsunami como consecuencia de un maremoto. Granada: Almuñécar. Almería: Punta Entinas, Cabo de Gata, San José, La Isleta del Moro, Agua Amarga, Carboneras, Garrucha y San Juan de los Terreros. Las soluciones “Durante décadas hemos deformado la costa a nuestro antojo, pero eso ya no funciona más”, ha afirmado la responsable de Costas en Greenpeace España, María José Caballero. Que ha reclamado la puesta en marcha de soluciones “con urgencia”. Con una reducción moderada de las emisiones de gases de efecto invernadero se podría evitar el 40 % del retroceso de las playas en todo el mundo, según la organización, que también demanda que se ponga “coto la turistificación masiva” mediante la limitación de vuelos y cruceros y el establecimiento de tasas por pernoctación.
25 Julio 2024
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La proliferación de este tipo de dispositivos genera dudas y preocupaciones, y más teniendo en cuenta que las sanciones por videovigilancia figuran entre las más frecuentes impuestas por la Agencia de Protección de Datos. Madrid ha instalado 56 cámaras con Inteligencia Artificial que se encargan de gestionar el tráfico de la capital. Y en Barcelona ya han hecho lo mismo para mejorar la circulación en los carriles buses. En la mayoría de ocasiones se emplean como elemento de seguridad, caso de Sevilla, dónde se instalaron una veintena de cámaras con inteligencia artificial durante la Feria de Abril. O en Granada, donde han implantado un sistema de videovigilancia inteligente creado por la empresa Innovasur que detecta y avisa si se está realizando alguna pintada en un edificio oficial. Las aplicaciones son muchas y muy variadas, y así lo demuestra también el auge de estos sistemas de videovigilancia en sectores concretos como el de la alimentación y retail. Ya existen más de 800 supermercados en España que cuentan con cámaras de seguridad inteligentes, y en realidad serán bastantes más, porque estos datos corresponden a los que usan el software de la empresa Veesign. Las cámaras en supermercados u otros establecimientos no son la excepción. También algunos organismos oficiales las utilizan, como es el caso de la Dirección General de Tráfico (DGT) con la colocación de 232 cámaras de vigilancia con Inteligencia Artificial para perseguir infracciones de tráfico. Y si bien el uso de estos sistemas de videovigilancia no tendría por qué causar más problemas de los que podría causar un sistema de vigilancia al uso, lo cierto es que ya ha suscitado algunas polémicas. Un ejemplo es la huelga puesta en marcha por los trabajadores de ALSA en León por la instalación de cámaras de seguridad con IA en la estación y sus autobuses, las cuales consideran que atentan contra la intimidad. USO DE CÁMARAS CON IA DE FORMA LEGAL A la espera de lo que diga la inminente Ley de Inteligencia Artificial acerca del uso de dispositivos operados con esta tecnología, expertos de Grupo Atico34, consultora especialista en inteligencia artificial y protección de datos líder a nivel nacional, explican qué hay que hacer para usar cámaras de videovigilancia de manera que se cumpla la normativa. Desde la consultora dan una serie de puntos que se han de tener en cuenta al usar cámaras de vigilancia: En lo que se refiere a la colocación de las cámaras, señalan que las cámaras se deben colocar en un lugar donde no supongan ninguna intromisión de los derechos y libertades de terceros. No se podrán colocar cámaras en lugares como baños, aseos, o zonas de descanso. Tampoco se podrá grabar propiedades privadas o interiores de viviendas ajenas. Las cámaras en vías públicas sólo podrán ser colocadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, salvo excepciones. Estará permitido grabar parte de la vía pública solo cuando sea imprescindible para la protección de la vivienda o negocio, limitando siempre al máximo la grabación de la vía pública. Respecto a los carteles de videovigilancia, indican que será necesario informar a empleados y el resto de personas de la instalación de cámaras de vigilancia. Para ello, se deberán colocar carteles de zona videovigilada en lugares claramente accesibles y visibles. Además, la difusión de imágenes grabadas por cámaras de seguridad está totalmente prohibida, salvo que sea imprescindible para dilucidar la comisión de un delito. Hay casos en los que las imágenes de personas captadas por cámaras de videovigilancia pueden estar permitidas, pero sólo si se cumple el párrafo anterior, si las imágenes son accesorias para el propósito de la grabación o si existe consentimiento por parte de las personas identificadas. Por otra parte, solo podrán acceder a las imágenes grabadas por cámaras de seguridad los responsables o encargados del tratamiento o el Delegado de Protección de Datos (en caso de haberlo). El responsable sería la empresa que contrata el sistema de videovigilancia, y el encargado del tratamiento podría ser la propia empresa de seguridad que gestiona las imágenes. Las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia deberán ser guardadas durante un máximo de 30 días, plazo tras el cual deberán ser debidamente eliminadas. Puede haber excepciones que obliguen a mantener las imágenes por más tiempo, por ejemplo si resultan necesarias para dirimir un proceso judicial.
18 Julio 2024
ESG
Así se desprende de datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esos datos, a los que tuvo acceso Servimedia, indican que la media de superficie calcinada entre el 1 de enero y el 30 de junio del último decenio es de 36.877 hectáreas. Los mejores años fueron 2018 (9.746,27 hectáreas), 2016 (10.896,36) y 2020 (18.922,26), y los peores, 2022 (69.230,13), 2018 (60.533,45) y 2023 (59.952,11). Hasta el pasado 30 de junio se registraron 2.856 siniestros forestales, de los que 939 fueron incendios (que arrasaron al menos una hectárea) y 1.917 conatos (con menos de una hectárea quemada). De las hectáreas arrasadas, que abarcan un 0,078% del territorio nacional, un total de 3.886,76 corresponden a vegetación herbácea (pastos y dehesas) y el resto a vegetación leñosa, concretamente 14.839,87 hectáreas de matorral y monte abierto, y 3.004,28 de superficie arbolada. ZONAS GEOGRÁFICAS Por otro lado, el noroeste peninsular (Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y las provincias de León y Zamora) concentró un 39,43% de los incendios y conatos forestales, mientras que el resto de los siniestros se reparten entre el área mediterránea, con un 30,88%; las comunidades interiores (concretamente, las provincias de las regiones no costeras, salvo León y Zamora), con un 29,27%; y Canarias, con un 0,42%. En cuanto a la superficie forestal arrasada por el fuego, el 65,64% pertenece al noroeste; un 21,62% al área mediterránea; un 12,74% a las comunidades interiores, y un 0,01% a Canarias. La mayor cantidad de superficie arbolada calcinada por las llamas se produjo también en el noroeste (68,38%), por delante de las comunidades interiores (19,61%) y la cornisa mediterránea (12,01%).
11 Julio 2024
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