Canadá ha decidido modificar de forma significativa su hoja de ruta hacia la movilidad sostenible. El gobierno de Ottawa ha retirado el mandato nacional que obligaba a cumplir cuotas fijas de ventas de vehículos eléctricos, en un movimiento que refleja un cambio de enfoque en su política industrial y climática.
La medida llega en un momento marcado por la presión comercial de Estados Unidos, la incertidumbre en las cadenas de suministro y el debate creciente sobre la competitividad del sector automotriz norteamericano.
La política eliminada había sido impulsada en 2023 bajo el gobierno de Justin Trudeau y establecía que el 20% de los coches vendidos en 2026 debían ser de cero emisiones.
Sin embargo, los fabricantes habían advertido que alcanzar ese objetivo suponía costes difíciles de asumir en un contexto de volatilidad global y reducción del apoyo estadounidense al vehículo eléctrico.
Desde el Ejecutivo de Mark Carney, actual primer ministro, insisten en que se trata de un reajuste estratégico y no de una renuncia a la descarbonización. El objetivo, aseguran, es avanzar en la reducción de emisiones sin imponer cargas excesivas a la industria canadiense.
En lugar de imponer cuotas de ventas, Canadá adoptará normas más estrictas de emisiones para los modelos fabricados entre 2027 y 2032.
Con este marco, el país mantiene su ambición de que los vehículos eléctricos representen:
El cambio pone de relieve una tendencia emergente: los gobiernos están pasando de mandatos rígidos a regulaciones basadas en resultados, con mayor flexibilidad para adaptarse a las tensiones geopolíticas y económicas.
Carney ha señalado que los aranceles estadounidenses y la evolución de la política industrial en Washington han sido factores clave en la decisión.
El mercado automovilístico de América del Norte está altamente integrado, y cualquier cambio en las reglas del juego afecta directamente a la competitividad de los productores canadienses.
Además, esta recalibración se enmarca en una estrategia más amplia orientada a reforzar la manufactura nacional, diversificar alianzas comerciales y proteger sectores industriales estratégicos.
Aunque Ottawa abandona el mandato obligatorio, no renuncia al impulso financiero.
El gobierno ha anunciado nuevas inversiones para acelerar la transición mediante incentivos y despliegue de infraestructura:
El enfoque es claro: en lugar de imponer la transición, Canadá busca estimularla mediante financiación, infraestructura y regulación climática.
La decisión canadiense llega en un contexto internacional donde cada vez más países debaten cómo acelerar la transición verde sin comprometer estabilidad económica e industrial.
Para líderes empresariales e inversores ESG, el mensaje es evidente: los compromisos climáticos siguen vigentes, pero los mecanismos para alcanzarlos están evolucionando hacia modelos más pragmáticos y ligados a la política industrial.
Canadá podría marcar así un precedente para futuras decisiones dentro del G7, consolidando una tendencia hacia una acción climática impulsada por incentivos financieros más que por mandatos estrictos.
Rincón del CISO
28 Julio 2026
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