La compañía detrás de ChatGPT da un paso histórico al firmar un contrato de hasta 200 millones de dólares con el Departamento de Defensa de EE. UU., abriendo un nuevo y controvertido capítulo en la relación entre tecnología y seguridad nacional.
OpenAI ha formalizado un acuerdo con el Pentágono bajo la fórmula Other Transaction Agreement (OTA), destinado a desarrollar prototipos de inteligencia artificial para entornos militares y administrativos. Aunque la cifra inicial comprometida es de 1,99 millones de dólares, el contrato podría escalar hasta los 200 millones, convirtiéndose en un pilar estratégico para la expansión de la IA en el sector público estadounidense.
El acuerdo está liderado por la Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO), que ve en OpenAI un socio clave para modernizar la infraestructura digital y las operaciones del ejército, con un enfoque mixto: desde la automatización de tareas burocráticas hasta el desarrollo de agentes de IA semiautónomos aplicables a misiones de combate y ciberseguridad.
Bajo la iniciativa “OpenAI for Government”, la empresa ofrecerá acceso a sus modelos avanzados (como ChatGPT Enterprise y Gov) a múltiples agencias federales, incluyendo NASA, la Fuerza Aérea y el Departamento del Tesoro.
Aunque OpenAI defiende el uso de sus modelos para fines éticos —como agilizar trámites o mejorar la atención sanitaria a personal militar—, el Pentágono no esconde su objetivo: reforzar la capacidad operativa y la letalidad de la Fuerza Conjunta mediante IA de última generación.
La alianza ha levantado fuertes críticas por parte de organizaciones como Amnistía Internacional o ACLU, que alertan sobre los riesgos de desarrollar sistemas autónomos con capacidad letal. El temor a que se avance hacia una IA sin supervisión humana, usada en contextos bélicos o de vigilancia masiva, ha reabierto el debate sobre los límites del desarrollo tecnológico.
Desde OpenAI se insiste en que el objetivo es “proteger la democracia” y evitar que actores autoritarios lideren la carrera de la IA. Sin embargo, voces críticas denuncian un discurso de lavado ético que maquilla la militarización de la inteligencia artificial.
Expertos coinciden en que este contrato marca un punto de no retorno: la colaboración entre laboratorios privados de IA y el aparato de defensa ya no será la excepción, sino la norma. Así, se consolida una nueva estructura de poder: el complejo industrial de IA, con implicaciones globales para el comercio, la regulación y el equilibrio geopolítico.
La IA entra de lleno en el tablero estratégico global. Y lo hace bajo un contrato que ya está dando que hablar.
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