En un contexto geopolítico cada vez más complejo, marcado por los conflictos en medio oeste y las negociaciones para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania con Estados Unidos como mediador, toma relevancia un tipo de amenaza que, por su naturaleza, puede afectar a todos los países sin importar si están frontera con frontera o involucrados directamente en el conflicto. Una amenaza que puede tener distintas morfologías y objetivos, aparentemente invisible, pero que puede acarrear consecuencias mucho mayores que el impacto de un misil.
Por supuesto, estoy hablando de los ciberataques. En la era digital totalmente interconectada en la que vivimos, la seguridad de las naciones ya no se mide únicamente por su músculo militar convencional, sino que toma especial relevancia la ciberdefensa, que es como nos referimos a la rama de la ciberseguridad cuyo objetivo primordial es la defensa de un país frente a los ciberataques. Su función es prevenir o responder y reponerse ante estas amenazas, especialmente a aquellas que atentan contra las infraestructuras críticas del país.
En los últimos días se ha producido un intenso debate sobre la necesidad de ampliar el presupuesto de defensa, conversación impulsada sin duda por las exigencias de la OTAN frente a un panorama convulso, inestable y marcado por la escalada en las tensiones entre los bloques de poder. Aunque es previsible que gran parte de ese presupuesto se dedicará a la adquisición de nuevo armamento, el aumento exponencial de ciberataques patrocinados por estados o grupos afines, que hacen uso del entorno digital como si de un campo de batalla más se tratase, deja patente que también se debe reforzar la ciberdefensa.
España, si bien no forma parte activa en ningún conflicto, no es inmune a estas amenazas como actor relevante en la Unión Europea y la OTAN. De hecho, ha sido el octavo país más afectado por ataques ransomware en 2024 a nivel mundial y en marzo, tras anunciar el gobierno un nuevo paquete de ayudas a Ucrania, fue golpeada por un incremento de ciberataques del 750%, principalmente de actores prorrusos.
Esta clase de ataques, que se dirigen sobre todo a diversas instituciones nacionales, pueden alcanzar un nivel máximo de gravedad si consiguen impactar en nuestras infraestructuras críticas, que son aquellos sistemas y servicios esenciales para el funcionamiento del país. Podemos mencionar como ejemplos todo el suministro energético, las plantas de tratamiento de aguas o entidades sanitarias. Un ciberataque exitoso a estas infraestructuras puede poner en jaque al país, causando estragos en la economía y colapsos en suministros básicos, impactando directamente en el bienestar de la ciudadanía.
Frenar estos ataques requiere de una infraestructura de seguridad muy sofisticada que se mantenga en constante actualización para estar preparada ante los nuevos tipos de ataques que surgen cada semana. En 2024, España invirtió 300 millones de euros en ciberseguridad, una cifra que queda algo escueta si se compara con los más de 1000 millones de otros países como Francia o Alemania. El gobierno ya ha anunciado un necesario incremento en esas cifras, medida esencial ya que la falta de presupuesto se traduce en capacidades limitadas de detección y respuesta y por ende, una mayor vulnerabilidad.
Un aumento de la inversión en ciberdefensa facilitará, por ejemplo, la modernización de nuestra tecnología, ayudando a la aplicación de prevención y monitorización constante del entorno digital y sus amenazas. Con más presupuesto se pueden adquirir o desarrollar nuevas herramientas de ciberinteligencia. Esta tecnología se apoya en avances como la IA o el Big Data para realizar análisis predictivo y seguimiento de los ciberataques y sus principales actores, lo que resulta clave para la anticipación y neutralización de amenazas.
Es importante que comprendamos el riesgo y consecuencias que pueden implicar estos ataques, y lo expuestos que estamos aún frente a los mismos. Aumentar el presupuesto en ciberdefensa no es un gasto, es un requisito indispensable para la seguridad del país y especialmente para la protección de las infraestructuras críticas, garantía de seguridad nacional, estabilidad económica y bienestar ciudadano.

Rincón del CISO
28 Julio 2026
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