Artículo de Milena Patiño: La geopolítica ya está dentro de su modelo de ciberseguridad

Durante años se trató como contexto. Hoy actúa como fiuerza operativa que altera proveedores, cloud, telecomunicaciones y continuidad de negocio.

Durante años, muchas organizaciones trataron la geopolítica como un telón de fondo: algo relevante para los gobiernos, los reguladores o los analistas internacionales, pero lejano a la operación diaria de la ciberseguridad. Esa separación ya no se sostiene. Hoy, la geopolítica no solo rodea el riesgo digital: lo moldea, lo acelera y, en muchos casos, lo activa.

La razón es simple. La infraestructura tecnológica que sostiene a las empresas ya no es solo técnica ni solo comercial. Está atravesada por dependencias globales: proveedores de software, servicios cloud, telecomunicaciones, centros de datos, librerías de código abierto y cadenas de suministro físicas distribuidas por múltiples jurisdicciones. Cuando aumenta la fricción entre Estados, esa red deja de ser solo un ecosistema de eficiencia y pasa a convertirse en una superficie de presión, espionaje, coerción y disrupción.

Los precedentes son claros. En 2017, NotPetya demostró que comprometer un proveedor podía desencadenar un impacto global. El malware se distribuyó a través de una actualización del software fiscal ucraniano M.E.Doc y acabó afectando a organizaciones muy por fuera del teatro inicial del conflicto. Lo decisivo no fue solo el daño técnico, sino la lógica estratégica: una dependencia digital local se transformó en una perturbación internacional.

En 2020, SolarWinds confirmó que la confianza en proveedores críticos podía convertirse en vector de penetración sistémica. Según CISA y la Government Accountability  Office  de  Estados  Unidos,  el  compromiso  de  Orion —ampliamente desplegado en organismos federales— permitió vulnerar redes de varias agencias públicas. Es decir, el atacante no tuvo que romper cada puerta por separado: le bastó con contaminar una pieza central del ecosistema.

Más recientemente, la campaña atribuida a actores chinos conocida como Salt fiyphoon volvió a subrayar el valor geopolítico de la infraestructura digital persistente. El FBI y CISA la vinculan con el compromiso de múltiples proveedores de telecomunicaciones y con una operación de ciberespionaje sostenida contra infraestructuras de comunicaciones. El mensaje es inequívoco: quien controla o infiltra nodos estratégicos de conectividad obtiene una ventaja política, económica e informativa de primer orden.

El problema para las empresas es que muchos modelos de riesgo siguen funcionando con supuestos que ya no encajan con esta realidad. Asumen visibilidad suficiente, fronteras organizativas claras y una separación razonable entre negocio, tecnología y entorno político. Pero las cadenas de suministro digitales operan cada vez más como sistemas complejos, opacos e interdependientes. Y en ese contexto, una decisión soberana, una sanción, una crisis regional o una operación encubierta pueden alterar en días el perfil de exposición de una compañía.

Por eso, la pregunta ya no es si la geopolítica afecta a la ciberseguridad. La pregunta es por qué tantas organizaciones siguen tratándola como contexto y no como variable operativa. Integrarla en el análisis de riesgo no significa convertir al CISO en geoestratega. Significa aceptar que la resiliencia digital ya depende también de entender dónde están nuestras dependencias críticas, bajo qué jurisdicciones operan y cómo podrían ser utilizadas en un escenario de competición internacional.

En un entorno de cadenas de suministro densas, distribuidas y profundamente conectadas, subestimar esa dimensión ya no es una omisión analítica. Es un fallo del governance del riesgo, en sentido amplio.

Milena Patiño-Villa

Global Discipline Leader de BBVA