Bruselas, señalada por el Defensor del Pueblo por omitir controles en la reforma ESG

La Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, ha puesto en entredicho la actuación de la Comisión Europea tras detectar serias irregularidades en el proceso legislativo del paquete “Ómnibus I”, diseñado para flexibilizar las obligaciones de sostenibilidad de las empresas en Europa.

En una carta enviada a la presidenta Ursula von der Leyen, Anjinho cuestiona que el Ejecutivo comunitario haya avanzado con esta propuesta sin cumplir con varios pasos esenciales: no se realizó una consulta pública abierta, se obvió la evaluación de impacto y tampoco se llevó a cabo una revisión climática, a pesar de que todas estas fases son obligatorias según las directrices internas de la UE y la propia Ley Climática Europea.

“La Comisión no ha justificado de forma adecuada por qué ha evitado seguir sus propias normas en este caso”, advierte la defensora.

¿Qué implica el paquete Ómnibus I?

Este paquete legislativo plantea suavizar los requisitos establecidos en la CSRD (Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa), la CSDDD (normativa sobre diligencia debida en sostenibilidad) y otras leyes vinculadas al Pacto Verde Europeo. De aprobarse sin modificaciones, reduciría significativamente el número de empresas obligadas a informar sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG), al tiempo que limitaría las exigencias de información a pymes.

Irregularidades señaladas

• Sin evaluación de impacto completa: La Comisión presentó un documento interno como justificación, citando razones económicas, pero sin un hecho inesperado que justificara la urgencia.
• Consulta pública limitada: Solo se convocaron dos reuniones en febrero de 2025, centradas en grupos empresariales. Anjinho critica la falta de inclusión de otras voces afectadas.
• Falta de revisión climática: A pesar del marco normativo europeo, no se evaluó cómo los cambios afectarían al objetivo climático del bloque.
• Proceso interno acelerado: El habitual periodo de consulta entre departamentos (10 días) se redujo a solo 24 horas, iniciado un viernes por la noche y concluido al día siguiente.

¿Por qué importa?

La actuación de la Comisión genera preocupación sobre la calidad democrática del proceso legislativo en la UE. Teresa Anjinho advierte que este precedente puede dañar la confianza ciudadana y la credibilidad de las instituciones europeas en su compromiso con una transición verde justa, transparente y basada en evidencias.

La Comisión tiene hasta el 15 de septiembre para responder. Anjinho ya ha declarado que no aceptará prórrogas.