California, en el centro del pulso climático corporativo

La Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si frena temporalmente dos de las normativas climáticas más ambiciosas del país. Diversos grupos empresariales han solicitado al alto tribunal la suspensión urgente de las nuevas leyes de California que obligan a miles de compañías a revelar sus emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos económicos vinculados al cambio climático.

Estas normas, aprobadas en 2023 por el gobernador Gavin Newsom, pretenden situar al estado a la vanguardia de la transparencia ambiental. Hasta ahora, los tribunales inferiores han permitido su aplicación, con la primera oleada de informes prevista para principios de 2026.

La primera ley afecta a empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de dólares que operan en California. Estas organizaciones deberán reportar emisiones directas en 2026 y emisiones indirectas vinculadas a su cadena de valor en 2027. Mientras la Cámara de Comercio cifra en unas 5.000 las compañías afectadas, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) estima cerca de 2.600.

La segunda normativa se dirige a empresas que ingresan más de 500 millones de dólares anuales, obligándolas a presentar cada dos años informes sobre su exposición financiera a escenarios climáticos adversos. Según CARB, más de 4.100 compañías entrarían en este marco. Ambas leyes contemplan sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Los grupos empresariales alegan que estas obligaciones vulneran la Primera Enmienda al forzar a las empresas a divulgar información que, según sus argumentos, podría condicionar indebidamente el debate público. Aseguran además que sufrirían perjuicios irreversibles si las normas entran en vigor antes de que se resuelvan las impugnaciones. ExxonMobil también ha presentado una demanda independiente contra las medidas.

Por su parte, el Estado de California defiende que los requisitos se enmarcan dentro de su autoridad para regular la divulgación comercial y que la transparencia climática responde a un interés público legítimo. Newsom ha planteado estas leyes como herramientas clave para convertir la información ambiental en acción, mientras organizaciones como Ceres afirman que los datos son esenciales para inversores y consumidores.

El debate llega en un contexto regulatorio especialmente tenso: aunque la SEC aprobó en 2024 una norma nacional para el reporte de riesgos climáticos, su aplicación está paralizada por litigios federales. Si las leyes californianas sobreviven al escrutinio de la Corte Suprema, podrían convertirse en un estándar de facto para grandes empresas con operaciones en el estado.

Sin embargo, la reciente jurisprudencia del tribunal —que ha limitado el margen de actuación de la Agencia de Protección Ambiental en varias decisiones clave— añade incertidumbre. Una suspensión podría frenar iniciativas similares en otros estados; permitir su avance consolidaría a California como referencia en gobernanza climática en un momento de división a nivel federal.

La Corte aún no ha comunicado cuándo se pronunciará sobre la solicitud de suspensión, una decisión que podría determinar el rumbo de la transparencia ambiental empresarial en Estados Unidos.