EE. UU. recorta 13.000 millones en ayudas a energías limpias y abre un debate global sobre liderazgo climático

El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció la cancelación de más de 13.000 millones de dólares en fondos federales que habían sido destinados a impulsar proyectos de energía solar, eólica, baterías y vehículos eléctricos durante la administración Biden. La decisión, presentada por el Gobierno de Donald Trump como una “devolución de recursos al contribuyente”, supone un giro de gran calado en la política energética del país.

Impacto político y económico

El anuncio ha generado una fuerte reacción entre autoridades estatales y líderes del sector. Gavin Newsom, gobernador de California, advirtió que la medida podría hacer que Estados Unidos pierda terreno frente a China en la carrera tecnológica de las energías renovables. Desde la industria, varias asociaciones alertan de que la retirada de subsidios amenaza miles de empleos en un sector que ha crecido a un ritmo tres veces mayor que la media del mercado laboral en los últimos años.

Un cambio de rumbo en la estrategia climática

El recorte se enmarca en la estrategia de la administración Trump, centrada en reforzar la producción de petróleo y gas y en tomar distancia de los compromisos internacionales sobre el clima. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente calificó el cambio climático como “la mayor estafa”, mientras que el secretario de Energía, Chris Wright, cuestionó la eficacia de los programas internacionales y confirmó que no participará en la próxima cumbre climática de Brasil.

Riesgos para la transición energética

Para expertos e inversores, la eliminación de estos incentivos añade incertidumbre a un mercado que depende de la estabilidad regulatoria para atraer capital privado. La falta de apoyo federal podría ralentizar la transición hacia una economía baja en carbono, aumentar la dependencia de los combustibles fósiles y debilitar la posición de EE. UU. en las negociaciones internacionales frente a potencias como China y la Unión Europea, que continúan ampliando sus políticas de subsidios verdes.

Consecuencias a largo plazo

Si bien la administración defiende la medida como un ejercicio de responsabilidad fiscal, los analistas advierten de efectos duraderos: desde frenos en la modernización de la red eléctrica hasta obstáculos en la fabricación de vehículos eléctricos. El giro también pone de relieve la brecha entre los ambiciosos objetivos climáticos de algunos estados y corporaciones, y la estrategia federal de priorizar la seguridad energética basada en combustibles tradicionales.