La descarbonización del transporte marítimo ha abierto un nuevo frente diplomático entre Estados Unidos y la Unión Europea. Washington ha rechazado el plan impulsado por Bruselas ante la Organización Marítima Internacional (OMI), que propone crear el primer mecanismo global de tarificación de emisiones para el sector, con entrada en vigor prevista en 2027.

El gobierno estadounidense ha calificado la medida de “impuesto global al carbono” y ha advertido que podría imponer sanciones o restricciones portuarias a los países que apoyen la iniciativa, lo que amenaza con fracturar el consenso internacional en torno a la gobernanza climática.

La propuesta europea: hacia un transporte marítimo con cero emisiones

El marco, negociado bajo el paraguas de la ONU, busca alinear la actividad marítima con los compromisos globales de cero emisiones netas. Establece límites progresivos a las emisiones de los buques e introduce un sistema de gravámenes para incentivar el uso de combustibles alternativos como el amoníaco o el metanol.

De aprobarse, sería el primer instrumento global de fijación de precios del carbono en el transporte marítimo, un sector responsable del 1,4 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero —más de mil millones de toneladas métricas de CO₂ anuales—, según Clarkson Research Services.

EE. UU. responde: proteccionismo energético y rechazo a la regulación global

Washington considera que la propuesta penaliza a las economías en desarrollo y encarece el comercio marítimo. En una declaración conjunta, los secretarios de Estado, Energía y Transporte —Marco Rubio, Chris Wright y Sean Duffy— calificaron el plan como una “exportación neocolonial de regulaciones climáticas europeas”.

El gobierno estadounidense estima que el nuevo marco podría elevar hasta un 10 % los costes logísticos, y ha reiterado su apuesta por priorizar la producción energética nacional y los combustibles convencionales, en línea con su reciente giro hacia el nacionalismo económico.

División en el sector y presión de los inversores

El conflicto político coincide con una creciente presión del mercado. Grandes compañías como Maersk o Hapag-Lloyd reclaman reglas claras para invertir en combustibles verdes, mientras que otros operadores temen perder competitividad ante el aumento de costes.

El desacuerdo amenaza con romper el consenso dentro de la OMI, un organismo donde las decisiones suelen alcanzarse por consenso técnico. “Este nivel de interferencia política no tiene precedentes en la historia de la OMI”, señaló un diplomático europeo involucrado en las negociaciones.

Más que un debate ambiental: una prueba para la gobernanza global

El enfrentamiento llega en un momento delicado de las relaciones transatlánticas. Tras la reciente imposición de un arancel del 15 % de EE. UU. a productos europeos, la disputa climática se suma a las tensiones comerciales y energéticas.

Para la UE, el plan marítimo es un pilar esencial de su Estrategia de Cero Emisiones Netas, que complementa medidas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) y el paquete Fit for 55. En cambio, Estados Unidos considera que la regulación multilateral limita su soberanía económica.

“El resultado de esta votación marcará si la descarbonización marítima se logra mediante consenso o fragmentación”, advirtió un asesor climático en Bruselas.

Una decisión que puede cambiar el rumbo del comercio mundial

La votación en la OMI, prevista para esta semana, será decisiva. Si el plan avanza, los requisitos de emisiones entrarán en vigor en 2027 y los pagos obligatorios en 2029. Los ingresos se destinarían a financiar tecnologías limpias y apoyar la transición de los países menos desarrollados.

El desenlace determinará el futuro de la gobernanza climática global y los flujos de inversión en transporte marítimo, infraestructuras y combustibles sostenibles. En un escenario de tensiones geopolíticas y agendas proteccionistas, la neutralidad climática del comercio internacional parece más dependiente que nunca de la diplomacia.