El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado un expediente disciplinario contra un magistrado de una Audiencia Provincial por recurrir a herramientas de inteligencia artificial, concretamente ChatGPT, para elaborar el borrador de una resolución judicial. El caso podría derivar en una sanción que incluye suspensión temporal de funciones y una multa económica.
La Comisión Disciplinaria del órgano será la encargada de determinar si procede aplicar las medidas propuestas por el promotor de la acción disciplinaria, quien plantea una suspensión de 15 días y una sanción de 501 euros. No obstante, la Fiscalía ha adoptado una postura diferente, recomendando el archivo del expediente al no apreciar una infracción sancionable.
Según la información conocida, el magistrado habría utilizado la herramienta para generar el contenido de una sentencia a partir de datos del procedimiento. El caso salió a la luz al detectarse referencias directas a las consultas realizadas a la IA dentro del propio documento judicial, lo que evidenció su uso.
El principal reproche no radica en la utilización de inteligencia artificial como apoyo, sino en haber delegado funciones esenciales del ejercicio jurisdiccional. En particular, se cuestiona que el juez no elaborara personalmente la argumentación jurídica, apoyándose en un sistema automatizado para justificar la resolución.
Además, se señala la posible falta de diligencia en el tratamiento de la información, ya que se habrían introducido datos del procedimiento sin adoptar medidas de protección adecuadas ni informar al resto de miembros del tribunal.
El promotor considera que los hechos podrían constituir faltas de carácter grave y muy grave, relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones propias del cargo y la posible divulgación indebida de información sensible. En este sentido, se interpreta que el magistrado habría eludido su responsabilidad de motivar jurídicamente la decisión judicial.
Este caso se produce pocos meses después de que el CGPJ aprobara directrices específicas sobre el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. En dichas recomendaciones se establece que estas herramientas no pueden sustituir la labor de los jueces en aspectos clave como la valoración de pruebas, la interpretación del derecho o la emisión de sentencias.
El organismo subraya que cualquier uso de IA debe estar sujeto a un control humano constante, garantizando la independencia judicial, la confidencialidad de los datos y el respeto a los derechos fundamentales.
La apertura de este expediente pone de relieve los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema judicial. Mientras su potencial como herramienta de apoyo es indudable, su uso sin supervisión adecuada abre interrogantes sobre la responsabilidad, la ética y la seguridad jurídica.
El desenlace de este caso podría marcar un precedente relevante en la regulación del uso de tecnologías emergentes dentro de la administración de justicia, en un momento en el que la digitalización avanza con rapidez en todos los sectores.
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30 Julio 2026
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