Mientras la agenda climática pierde fuerza en buena parte de la Unión Europea, España ha decidido ocupar un espacio cada vez más visible en la defensa de la transición ecológica. No tanto porque haya cambiado su rumbo, sino porque otros países han comenzado a girar el volante en sentido contrario.
El Gobierno español ha elevado el tono frente a la reciente propuesta de la Comisión Europea de flexibilizar la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035. El presidente Pedro Sánchez calificó la iniciativa como “un error histórico”, subrayando la necesidad de no rebajar los compromisos climáticos en un contexto de emergencia ambiental.
Estas declaraciones llegaron durante la presentación de una nueva propuesta de pacto de Estado contra el cambio climático, con la que España busca reforzar su papel de liderazgo dentro de la UE y presionar por una mayor ambición en descarbonización. Una postura que ya quedó patente en foros internacionales como la última Cumbre del Clima celebrada en Belém (Brasil).
Expertos en política climática coinciden en que el cambio de escenario no responde tanto a un giro español como a un repliegue generalizado en Bruselas y en varias capitales europeas. Factores como la inestabilidad geopolítica, el auge de la extrema derecha y el desgaste del consenso verde han ido diluyendo el impulso inicial del Pacto Verde Europeo.
Según el profesor de la Universidad Pompeu Fabra Didac Amat, España ha mantenido una línea relativamente constante en materia climática, respaldada por el peso político del Ministerio para la Transición Ecológica. La diferencia es que ahora esa apuesta ya no encuentra el mismo eco en una UE que, hace unos años, lideraba la ambición climática global.
Una visión compartida por el analista Ismael Bougahba, de Political Watch, quien señala que la Comisión Europea, en este segundo mandato de Ursula von der Leyen, ha comenzado a desmontar parte del legado verde de su primera etapa, justo cuando el equilibrio político en Europa se ha desplazado.
Pese al protagonismo actual, los especialistas recuerdan que España parte de una situación más rezagada que otros países europeos. Mientras la UE llevaba décadas reduciendo emisiones, España no comenzó a hacerlo de forma sostenida hasta después de la crisis económica.
Los datos oficiales muestran que en 2024 las emisiones españolas eran un 6,3 % inferiores a las de 1990, frente a una reducción del 37 % en el conjunto de la Unión. La expansión de las energías renovables —especialmente en el sector eléctrico— ha sido clave, pero todavía insuficiente para cerrar la brecha.
Actualmente, alrededor del 30 % de la energía que consume España procede de fuentes renovables, una cifra notable, aunque lejos de la de países del norte de Europa como Suecia o Dinamarca.
El repliegue verde alemán ha sido especialmente significativo. El país que durante años marcó el paso en política climática ha pasado a priorizar la flexibilización de los motores de combustión, dejando un vacío que España intenta ocupar desde el plano político, aunque con limitaciones evidentes.
Como recuerdan los analistas, Alemania sigue siendo el motor industrial de Europa y su peso es difícilmente sustituible. Aun así, la apuesta española por la electrificación y la reducción de emisiones tiene una lógica estratégica clara: aprovechar su ventaja competitiva en sol y viento.
Reducir un 40 % las emisiones antes de 2030 no es solo una exigencia ambiental, sino una condición para evitar un escenario climático y social mucho más difícil de gestionar. En ese tablero, España ha decidido no bajarse de la partida, incluso cuando otros empiezan a mirar hacia otro lado.
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