El pasado sábado 3 de enero, la relación entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un punto crítico tras una operación militar liderada por fuerzas estadounidenses en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y terrorismo.
La acción, denominada por Washington como una operación dirigida contra delitos transnacionales, ha generado un cambio abrupto en el escenario político venezolano. Poco después del arresto de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue declarada presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, rechazando lo que calificó como un “secuestro” y afirmando que Maduro sigue siendo el líder legítimo del país. Rodríguez ha exigido el respeto a la soberanía venezolana y el fin de la intervención extranjera.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Washington asumirá temporalmente funciones de gobierno en Venezuela para facilitar una transición hacia lo que calificó como “orden, estabilidad y procesos democráticos”, sugiriendo incluso la posibilidad de despliegue de tropas si fuera necesario.
La intervención ha provocado reacciones contrapuestas en la comunidad internacional. Estados aliados han expresado tanto apoyo como reservas, mientras que líderes y gobiernos de países como Rusia y Cuba han condenado la acción como ilegal y desestabilizadora, argumentando que vulnera normas internacionales y el principio de no intervención.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha convocado debates de urgencia sobre la legalidad del operativo, y varias naciones han llamado a respetar el derecho internacional y buscar soluciones diplomáticas.
Más allá de lo político, la crisis tiene importantes implicaciones económicas, especialmente en el sector energético. Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, y la posibilidad de que empresas estadounidenses accedan a su producción ha sido un factor discutido en el contexto de la estrategia de Washington, aunque expertos señalan que reconstruir la industria petrolera venezolana llevará años.
Las sanciones económicas de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos y entidades asociadas al gobierno de Maduro ya habían sido parte de una política de máxima presión en los últimos meses, afectando el comercio de petróleo y las finanzas del país sudamericano.
La escalada ha generado inquietud en América Latina y el Caribe, con advertencias sobre la estabilidad regional y la seguridad. Líderes de países vecinos han manifestado preocupación por el uso de la fuerza en un contexto que impacta a países socioeconómicamente interconectados con Venezuela.
Aunque el pueblo venezolano en el extranjero ha expresado su alegría por el término del régimen de Nicolás Maduro.
Rincón del CISO
28 Julio 2026
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