Un nuevo análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que la manera en la que medimos el progreso económico ya no responde a los desafíos del siglo XXI. El Global Environment Outlook 7 (GEO-7), elaborado por 287 científicos de 82 países, sostiene que seguir confiando únicamente en el PIB como referencia de bienestar está alimentando un modelo económico que agota recursos, dispara las emisiones, acelera la pérdida de biodiversidad y compromete la salud y la seguridad de millones de personas.

Según el informe, invertir en frenar la degradación ambiental generaría beneficios económicos masivos, reduciría muertes evitables y permitiría sacar de la pobreza y la desnutrición a cientos de millones de personas. Los cálculos del GEO-7 proyectan que, si se impulsa una transformación real del sistema productivo y del consumo, los retornos económicos podrían alcanzar 20 billones de dólares anuales en 2070, llegando a 100 billones entrado el próximo siglo.

Un cambio de métricas para un cambio de rumbo

El documento subraya que la transición hacia una economía más justa y sostenible exige adoptar indicadores que integren el estado del capital natural y humano. Entre ellos destaca el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que ya valora salud, educación y nivel de vida, y que permitiría orientar políticas hacia una visión más completa del progreso.

Incorporar estas métricas —explica el GEO-7— facilitaría el avance hacia un modelo circular, aceleraría la descarbonización, favorecería prácticas agrícolas regenerativas y multiplicaría los esfuerzos de restauración ecológica.

Los beneficios no serían solo económicos:

• Evitar hasta 9 millones de muertes prematuras por contaminación antes de 2050.
• Reducir la desnutrición en casi 200 millones de personas.
• Sacar a más de 100 millones de la pobreza extrema.

Crisis conectadas, decisiones compartidas

El informe alerta de que las grandes emergencias ambientales —calentamiento global, pérdida de biodiversidad, degradación del suelo, contaminación y residuos— están profundamente interconectadas. Resolverlas exige liderazgo político, coherencia regulatoria y una acción conjunta que involucre a gobiernos, empresas y ciudadanía.

Uno de los codirectores del informe, Edgar Gutiérrez-Espeleta, sostiene que aún existe margen de actuación si se combinan cambios de comportamiento y tecnologías más eficientes. Sin embargo, advierte de que mantener el ritmo actual de explotación de recursos “nos dirige hacia un escenario irreversible”.

La recomendación es clara: las decisiones ambientales no pueden quedar solo en manos de los ministerios sectoriales, sino integrarse como eje estratégico en todas las políticas públicas, desde economía y energía hasta infraestructuras o salud.

La sociedad y las empresas, piezas clave del cambio

El GEO-7 insiste en que la ciudadanía tiene poder para impulsar transformaciones profundas. La presión social, afirma, puede contrarrestar intereses corporativos y acelerar reformas estructurales. También subraya que un número creciente de empresas está dispuesta a asumir sacrificios a corto plazo si existen señales claras, estables y ambiciosas que garanticen un retorno sostenible.

Abandonar la obsesión por el PIB per cápita no implica frenar el desarrollo: significa aprender a vivir mejor con menos, optimizando recursos y priorizando el bienestar colectivo. Los países industrializados deben reducir consumos y emisiones, mientras que las economías emergentes deben apostar por tecnologías más eficientes.

Las dos vías para transformar el sistema

El informe identifica dos grandes rutas:

1. Cambios de comportamiento, que reduzcan la dependencia del consumo material.
2. Innovación tecnológica y mejoras en eficiencia.

Para hacerlas posibles, serán necesarias transformaciones profundas en cinco áreas estratégicas:

• Economía y finanzas: superar el PIB, valorar adecuadamente los activos naturales y reformar subsidios e incentivos.
• Materiales y residuos: adoptar el diseño circular, mejorar la trazabilidad y fomentar patrones de consumo regenerativos.
• Energía: acelerar la descarbonización, reforzar la eficiencia y garantizar cadenas de suministro responsables.
• Sistemas alimentarios: impulsar dietas sostenibles, reducir el desperdicio y mejorar la circularidad del sector.
• Biodiversidad y clima: restaurar ecosistemas, avanzar en adaptación climática y potenciar soluciones basadas en la naturaleza.

El PNUMA señala además la importancia de integrar conocimientos locales e indígenas para asegurar transiciones justas y duraderas.

El coste de no actuar

El informe detalla los impactos del modelo actual:

• Emisiones creciendo un 1,5% anual desde 1990.
• 143.000 millones de dólares al año en daños por fenómenos extremos.
• Entre el 20% y el 40% de la superficie terrestre degradada.
• Una de cada ocho especies al borde de la extinción.
• 9 millones de muertes anuales vinculadas a la contaminación.

Y advierte de las consecuencias de mantener esta trayectoria:

• Superar los 1,5 ºC en la década de 2030 y los 2 ºC en los años 2040.
• Pérdida anual de suelo fértil equivalente a países como Colombia.
• Caída del 3,4% en la disponibilidad de alimentos por persona para 2050.
• Costes sanitarios de 1,5 billones de dólares solo por la exposición a tóxicos derivados de plásticos.

El mensaje final del GEO-7 es inequívoco: el cambio es inevitable, y retrasarlo será mucho más caro que actuar ahora.