Un tribunal federal de apelaciones ha decidido suspender de forma provisional la SB 261, la normativa de California que obligaba a miles de compañías a revelar públicamente su exposición financiera al cambio climático. Mientras tanto, la otra gran ley estatal en esta materia, la SB 253 —centrada en el reporte de emisiones corporativas— continúa avanzando según lo previsto para su entrada en vigor en 2026.

El Noveno Circuito congela la SB 261

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito llega poco antes de que las empresas comenzaran a preparar sus informes para los primeros plazos de 2026. La suspensión responde a una petición urgente presentada por la Cámara de Comercio de EE. UU. y varias organizaciones empresariales, que previamente habían reclamado sin éxito la intervención del Tribunal Supremo.

Aunque el fallo apenas ocupa una página y no incluye justificación adicional, su efecto es claro: la aplicación de la SB 261 queda detenida mientras avanza la apelación. Sin embargo, la SB 253 sigue plenamente activa y mantiene su calendario regulatorio para la elaboración y verificación de reportes de emisiones.

Un pulso que marcará la política climática estatal

El litigio se perfila como uno de los más relevantes en el ámbito de la regulación climática estadounidense. Los grupos empresariales demandantes consideran que las leyes californianas suponen una forma de “expresión obligatoria” contraria a la Primera Enmienda.

Tras conocerse la resolución, el vicepresidente ejecutivo del Centro de Litigios de la Cámara de Comercio, Daryl Joseffer, celebró la suspensión, al considerar que evita costes significativos e incertidumbre para las compañías antes del 1 de enero de 2026. La Cámara sostiene que permitir que un solo estado imponga estándares tan exigentes puede acabar trasladando esa carga a empresas de todo el país.

La SB 253 continúa su despliegue

La decisión judicial coincidió con un taller público organizado por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), encargada de implementar ambas leyes. En el caso de la SB 261, ahora paralizada, se exigía a las empresas con más de 500 millones de dólares de facturación que detallasen sus riesgos climáticos y planes de adaptación.

La SB 253, en cambio, sigue adelante: las compañías con ingresos superiores a 1.000 millones de dólares deberán reportar sus emisiones de Alcance 1 y 2 antes de junio de 2026 y las de Alcance 3 —incluyendo cadena de suministro, viajes de negocios, desplazamientos de empleados, residuos o compras— a partir de 2027. La primera lista provisional de empresas afectadas supera las 3.100, aunque la propia CARB admite que está incompleta.

Un rompecabezas regulatorio para las grandes corporaciones

La situación añade presión a los equipos directivos, que ya navegaban un panorama fragmentado ante la ausencia de normas federales definitivas, especialmente tras el estancamiento de la regulación climática de la SEC. Con la SB 253 avanzando y la SB 261 en pausa, muchas compañías podrían optar por mantener sus planes de reporte para no quedar rezagadas en caso de que la ley vuelva a activarse en 2026.

Qué debe vigilar el sector en los próximos meses

Los líderes empresariales e inversores tendrán que prestar especial atención a tres hitos:

1. La apelación de enero de 2026, que aclarará si la SB 261 se reactivará antes de los primeros plazos de divulgación.
2. El proceso regulatorio de CARB en torno a la SB 253, que definirá metodologías, requisitos de verificación y posibles sanciones.
3. La respuesta federal ante la posibilidad de que el modelo californiano se extienda por otros estados o influya en futuras normas nacionales.

Una decisión con impacto más allá de California

El paquete legislativo impulsado por el estado buscaba establecer un nuevo marco de transparencia climática ante la falta de regulación federal. La suspensión parcial abre un periodo de incertidumbre que podría influir en la gobernanza climática estadounidense durante los próximos años.

Para los inversores globales, la tendencia hacia reportes climáticos obligatorios en las principales economías sigue clara. Para las empresas estadounidenses, en cambio, esta resolución refleja un escenario cada vez más probable: que la normativa climática no venga marcada únicamente por Washington, sino por decisiones de tribunales estatales y políticas regionales que pueden reconfigurar el tablero regulatorio nacional.