La Comisión Europea ha dado a conocer su propuesta para la Ley de Redes Digitales (Digital Networks Act, DNA), una iniciativa clave con la que Bruselas busca actualizar en profundidad las reglas del juego de la conectividad en la Unión Europea. El objetivo es claro: adaptar la regulación a la nueva realidad tecnológica, estimular la inversión en infraestructuras avanzadas y reforzar el mercado único digital.
La propuesta parte de una constatación evidente para el Ejecutivo comunitario: el marco normativo actual ya no responde a las necesidades de un ecosistema digital en el que la fibra óptica, las redes móviles de alta capacidad y las infraestructuras críticas son esenciales para el despliegue de tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube, los servicios digitales avanzados o las aplicaciones espaciales.
Garantizar una conectividad robusta, segura y accesible en todo el territorio europeo es, según la Comisión, un factor decisivo para mejorar la competitividad de la UE y acelerar su transformación digital, tanto para ciudadanos como para empresas.
La futura Ley de Redes Digitales está llamada a reemplazar al Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, en vigor desde 2018, y sentar las bases de un ecosistema de conectividad más integrado, resiliente y preparado para el futuro. La Comisión confía en que este nuevo marco impulse la adopción de tecnologías emergentes y tenga un impacto directo en el desarrollo económico y social de la Unión.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es reducir la fragmentación regulatoria que todavía caracteriza al sector de las telecomunicaciones en Europa. Para ello, la DNA plantea una mayor armonización normativa y la simplificación de los trámites transfronterizos, facilitando que los operadores puedan crecer y operar a escala europea.
Entre las medidas previstas destaca la posibilidad de que las empresas ofrezcan servicios en toda la UE registrándose en un único Estado miembro, así como la creación de un marco común para servicios paneuropeos de comunicaciones por satélite. También se apuesta por una gestión del espectro más coherente, con licencias de mayor duración, renovables por defecto, y un uso más eficiente bajo el principio de “úselo o compártalo”.
La propuesta incorpora además mecanismos voluntarios de cooperación entre proveedores de conectividad y otros actores del ecosistema digital, como plataformas de contenidos, aplicaciones o servicios cloud.
La Comisión considera que las infraestructuras de cobre heredadas ya no permiten alcanzar los objetivos de conectividad avanzada de la Unión. Por ello, la DNA introduce la obligación de elaborar planes nacionales de transición para su retirada progresiva y el despliegue de redes de nueva generación entre 2030 y 2035.
Los Estados miembros deberán presentar estos planes en 2029 e incluir medidas de protección para los consumidores, como información clara sobre las desconexiones y garantías de continuidad del servicio durante el proceso de transición.
Otro de los pilares de la nueva ley es la simplificación regulatoria. La Comisión propone reducir cargas administrativas y obligaciones de reporte para que las empresas puedan destinar más recursos a invertir e innovar, sin renunciar a un alto nivel de protección de los derechos de los usuarios.
Al mismo tiempo, se introduce una mayor flexibilidad en las relaciones entre operadores, adaptando el marco normativo a la evolución del mercado.
La propuesta refuerza también la seguridad y resiliencia de las redes europeas, limitando dependencias críticas y fomentando la cooperación a escala comunitaria. Incluye un plan europeo de preparación frente a riesgos crecientes, como catástrofes naturales o interferencias externas, y establece criterios comunes de seguridad para servicios paneuropeos de comunicaciones por satélite.
La Comisión subraya que la DNA mantiene intactos los principios de neutralidad de la red, al tiempo que aclara la aplicación de las normas de Internet Abierta en servicios innovadores, ofreciendo mayor seguridad jurídica a operadores y usuarios. También se contemplan fórmulas voluntarias de colaboración en ámbitos como la interconexión IP o la eficiencia del tráfico.
La propuesta legislativa inicia ahora su tramitación en el Parlamento Europeo y el Consejo, donde será debatida y negociada. La iniciativa se alinea con el Libro Blanco sobre infraestructuras digitales publicado en 2024 y con las prioridades marcadas por la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2025, en el que defendió completar el mercado único de la conectividad antes de 2028 e impulsar la inversión en tecnologías transformadoras.
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